jueves, 11 de abril de 2013

El Cangrejo al fin contra las cuerdas


“Pedro de Armas pudiera haber sido el mediador económico de José Francisco Reyes en Yaiza y negociador de posibles comisiones ilegales”. Así lo sostiene la Fiscalía en su último escrito sobre el caso Costa Roja, en el que pide que “se practiquen las diligencias pertinentes” para aclarar estos hechos, ya que entienden que hay “indicios” para seguir investigando.
En el año 2010 se archivaron las imputaciones por cohecho dentro de esta causa, que investiga las licencias otorgadas por Reyes a Luis Lleó, al no encontrar rastro de presuntas entregas de dinero por parte del promotor al ex alcalde. Sin embargo, un informe de la UCO elaborado en el marco del caso Unión ha permitido arrojar nuevos datos al caso de Costa Roja, apuntandouna forma en la que pudieron haberse realizado esos presuntos pagos.
Pedro de Armas, caradura y ladrón a sueldo.
“Del análisis de dicho informe debe volver a ponerse sobre la mesa la posibilidad de que dicho promotor (Luis Lleó) se ganara la voluntad de los responsables municipales mediante el pago de sobornos, y ya no sólo por la descabellada concesión de las licencias, sino por el contenido de otros correos electrónicos”, sostiene el escrito del fiscal Ignacio Stampa.
Entre otras cosas, según señala el fiscal, en uno de los correos electrónicos interceptados por la UCO “se expone” que Pedro de Armas le pasó una supuesta factura a Luis Lleó, en las fechas en las que Yaiza concedió la licencia al proyecto de ejecución del macroproyecto de Costa Roja.
“Con los datos que se manejan, según la UCO, no figuran relaciones comerciales entre sociedades y personas físicas vinculadas a estas personas a través de la Agencia Tributaria en el año 2007, por lo que el apodado como Cangrejo pudiera haber estado pasando facturas durante el año 2007 a Luis Lleó con la finalidad de camuflar comisiones ilegales”, subraya la Fiscalía en su escrito.

Un testigo le señaló como intermediario

Pedro de Armas ya declaró dentro del caso Costa Roja en febrero de 2008, después de que un testigo le señalara como presunto intermediario de esta operación. Fue el arquitecto de este proyecto de Lleó el que en su momento denunció en los tribunales las presuntas ilegalidades, e incluso habló de que había una supuesta comisión ilegal de 3 millones de euros. Y según su declaración, fue Pedro de Armas quien presuntamente intermedió entre Lleó y el ex alcalde, con quien compartía partido. En aquella época, De Armas era secretario de Organización del PNL y Reyes vicepresidente del partido.
“En el informe ahora aportado a la causa resultan más indicios que pudieran corroborar dicha denuncia, por los íntimos vínculos existentes entre Luis Lleó y Pedro de Armas, ya que se observan desplazamientos a China gestionados por los trabajadores de Luis Lleó a Pedro de Armas, y Lleó llego a montar una delegación del grupo Nexar en Fuzhou (China)”, señala la Fiscalía, que agrega que “incluso el propio Luis Lleó tiene una copia escaneada del pasaporte de Pedro de Armas”.
Así, y aunque la investigación no ha encontrado nada que justifique el cobro de facturas por parte de De Armas a Lleó, lo que sí ha localizado, según la Fiscalía, son “importantes negocios inmobiliarios” que unen a ambos empresarios.

"Ellos ya han cobrado"

Además, el fiscal hace referencia a otras diligencias del caso “Unión” que se han incorporado a esta causa, y en las que se repite el nombre de Pedro de Armas. Entre ellas, una conversación grabada por la UCO en la que Fernando Becerra hablaba de su hermano Juan Carlos Becerra (presidente del PNL), de Pedro de Armas y de José Francisco Reyes.
“Tú piensa que ellos ya han cobrado. Ellos ya han cobrado y ya…”, “Pedro ha ganado mucho dinero, y fíjate tú, y sin gobernar, y sin gobernar”, “Pedro iba a recoger nada más, pero los tres se lo han montado, pero no te puedes ni imaginar, eh”, le decía Fernando Becerra a su interlocutor, hablado del desarrollo urbanístico de Playa Blanca.
En la misma línea, el fiscal también apunta una de las anotaciones realizadas por el ex gerente de Urbaser, Jacinto Álvarez, que durante años elaboró una especie de “diario” de la presunta corrupción en Lanzarote. Y en una de las anotaciones en sus libretas, Jacinto Álvarez se refería a Pedro de Armas y a su supuesta influencia en el Ayuntamiento de Yaiza. “Si quieres hablar con Reyes tienes que pasar por el Cangrejo”, “todo es una cuestión económica”, dejó apuntado en esos cuadernos, que también fueron localizados por la UCO.

Seis imputados

Hasta el pasado mes de marzo, en el caso Costa Roja había tres imputados: el ex alcalde, José Francisco Reyes, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo. Sin embargo, a raíz de este mismo escrito de la Fiscalía, la juez Ángela López-Yuste volvió a imputar a Luis Lleó y sumó también como imputados a Felipe Fernández Camero y al catedrático Rafael Entrena Cuesta, que realizó un informe favorable a la concesión de la licencia de Costa Roja, por el que el Ayuntamiento pagó 27.000 euros.
Antonio Lorenzo continúa imputado sólo por prevaricación urbanística, mientras que los demás se enfrentan también a presuntos delitos de fraude a la administración y malversación de fondos públicos. Sin embargo, tras la solicitud del fiscal, podrían reabrirse también diligencias para volver a investigar presuntos delitos de cohecho.
En su informe, el fiscal destaca que pese a que la normativa urbanística impedía el desarrollo de esa parcela, tal como después determinaron los tribunales, “Lleó siempre dio por hecho que los responsables del Ayuntamiento de Yaiza autorizarían su macroproyecto”, e incluso se “involucró en operaciones financieras de elevadísima cuantía”, dada la envergadura de la operación.
Las licencias concedidas por Reyes en los años 2006 y 2007, y suspendidas después por la Justicia, permitían la construcción de 1.012 viviendas, 228 locales comerciales y 2.559 garajes en esa parcela, ubicada a la entrada de Playa Blanca.
Cuando esas licencias que ahora se investigan penalmente fueron paralizadas, Lleó ofreció un presunto soborno al entonces consejero de Política Territorial del Cabildo, Carlos Espino, para desbloquear el proyecto. Sin embargo, Espino denunció los hechos, dando entonces lugar a la Operación “Unión”.
Actualmente, el nuevo Plan General de Yaiza que está en trámite contempla un convenio urbanístico propuesto por los promotores de Costa Roja, que convertiría ese suelo en urbanizable, autorizando su uso comercial y turístico.

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